Argumentando razones presupuestarias, pero con un claro sesgo ideológico, el Gobierno disolvió la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), una herramienta central para la economía social en un país castigado por la recesión. Creada en 2006 mediante la ley 26.2117, la CONAMI tenía como objeto entregar microcréditos a tasa subsidiada para impulsar proyectos cooperativos y de emprendedores. Es decir, un recurso estratégico en aquellos segmentos de la economía sin acceso al financiamiento tradicional.
Sin embargo, con el decreto 1094/2024, el mileismo lo dio de baja, replicando el modus operandi empleado en el desmantelamiento de otras políticas públicas. Ante supuestas ineficiencias en la gestión, en lugar de resolver la situación a su cargo, el Ejecutivo optó por la cancelación unilateral, sin consultar a los otros actores ni preocuparse por las consecuencias. «Es muy difícil de controlar, no se sabía bien dónde estaba la plata. Por eso, se cierra», lanzó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, consideró que liquidar esta Comisión «optimizará los recursos públicos y garantizará un Estado más eficiente».
Patricia Arpe conoce bien el peso de la CONAMI y el perjuicio que trae su liquidación. Coordinadora nacional de las Redes de Microcréditos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y también directora del Departamento de Proyectos, Arpe lo definió como «el programa más completo en términos de políticas públicas para las cooperativas, en tanto que no solo busca brindarles financiamiento con tasas blandas y en términos más amigables a su capacidad de pago, sino facilitar la documentación a presentar». Destacó, además, el círculo virtuoso en torno al programa, del cual el IMFC era parte, con redes en cada territorio y promotores en contacto con las organizaciones para conocer su situación y necesidades.
No es, claro, la primera vez que el cooperativismo sufre este tipo de políticas. «Una vez más, tendremos que salir de la crisis con más autogestión y solidaridad», resumió Manuela Varela, presidenta del Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar (CECOPAF), miembro de la Red Nacional de Alimentos Cooperativos y directora para el Desarrollo de Entramados Productivos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. «Somos más de 100 cooperativas dedicadas a la comercialización, la producción y la organización del consumo de alimentos vinculados a la agricultura familiar y la economía solidaria», explicó. Varela recuerda que, cuando iniciaron, contaban con mucha fuerza de trabajo, pero poco capital, por lo que el microcrédito fue un recurso ideal: «Nos dio la oportunidad de iniciar un proceso de comercialización no especulativo, a contramano de lo hegemónico».
Tasas y recursos
Laura Carizzoni integra la cooperativa cordobesa de comunicación Viarava, de Capilla del Monte. Gestionan la radio FM 98.1, el sitio CDM Noticias y un espacio cultural. «Es tremendo que el programa se dé de baja así,de un día para el otro. Me parece que hay mucha información falsa en ciertos medios en relación a los números, lo que se prestaba, lo que no, la estructura», señaló.
El de Viarava es un caso testigo de las fortalezas de la CONAMI: «Hablamos de una cooperativa de tamaño pequeño, con trabajadores y trabajadoras que no veníamos con un capital para invertir. Y, por supuesto, las cooperativas con este tamaño no acceden a créditos bancarios y, si lo hicieran, son intereses o montos difíciles de afrontar», explicó Carizzoni, que con aquellos recursos pudieron adquirir equipamiento necesario.
Con más de 40 años en el mundo de la agricultura familiar, para Pedro Cerviño, «desde su creación, la CONAMI vino a ser la principal fuente de financiamiento para este sector en términos de crédito, porque hay otro tipo de financiamiento, pero el crédito es lo que hace que una actividad económica pueda sostenerse en los momentos críticos», como en la siembra, la cosecha o el envasado de la